Desde el pasado 1 de marzo ha entrado en vigor la ley aprobada por el Parlamento Europeo (PE) en noviembre de 2020 que obliga a los fabricantes de neveras, lavadoras, secadores de pelo, televisores y otros productos de electrónica de consumo a garantizar que sus electrodomésticos puedan repararse durante al menos un periodo de 10 años desde la fecha de compra.
Con esta nueva propuesta de la comisión europea, se trata de evitar que los usuarios acaben tirando a la basura productos susceptibles de seguir funcionando por la ausencia de repuestos o herramientas para arreglarlos.
En la práctica, esto significa que los fabricantes estarán obligados a proveer de los manuales y disponer durante diez años de las piezas necesarias para que los compradores puedan restaurar los dispositivos que adquieren con herramientas convencionales.
Se establece que el producto debe ser seguro, obligue también a que sea duradero y reparable” Aparatos más eficientes y por tanto más duraderos y reparables.
Se quiere garantizar el derecho a la reparación para terminar con esa forma de obsolescencia programada, que genera más desechos, causa impacto climático por los gases emitidos en la fabricación de las nuevas máquinas y provoca gastos suplementarios a usuarios y empresas al obligarles a acudir a la tienda para renovar artículos que solo necesitarían un ajuste para continuar su actividad.
Entendemos como derecho a reparar el derecho a que se garantice por ley el poder arreglar algunos aparatos durante diez años (refrigeradores, lavadoras, secadores de pelo o televisores). Que se proteja al consumidor de la obsolescencia prematura y se apueste por la reutilización y la sostenibilidad.
Actualmente es casi imposible arreglar algunos productos. En España, hasta ahora existía la obligación de tener disponibles piezas de recambio durante 5 años de los aparatos discontinuados. Ahora serán 10. Además, el fabricante tendrá que incluir un manual de reparación y asegurarse de que puedan ser desmontados para su reparación.
La Comisión Europea quiere crear un índice de reparabilidad, que en definitiva sería similar a la etiqueta de eficiencia energética pero referido a la posibilidad de reparar los aparatos, con una etiqueta o similar que informe al consumidor en el envase o caja del aparato de las posibilidades de reparación, o dicho de otro modo, de la vida útil de los productos. Que refleje, en definitiva, el derecho a reparar. Se trata de crear un sistema ‘inmediatamente visible y fácil de entender’ para los consumidores, con el objetivo de que se hagan una idea de lo fácil o no que puede ser reparar un aparato, así como de su vida útil.
Los nuevos requisitos de reparación ayudarán a mejorar la vida útil de los electrodomésticos cotidianos, que fallan demasiado rápido y afectará a todos los productos incluidos en la norma, ya sean de fabricación europea o extracomunitaria.
