Cada vez que compras un producto electrónico en España, una parte del precio final se debe a impuestos: estos son los principales que se pagan actualmente, además del IVA.
Cuando vas a una tienda y ves el precio de un dispositivo tecnológico, puedes pensar que el importe que estás viendo lo deciden únicamente la marca o el vendedor, pero no es así parte del coste depende de los impuestos.
Además del precio recomendado que marca el fabricante y el cambio de divisa (por ejemplo, de dólares o yuanes a euros), en España todas las compras pagan tasas como el IVA, que en función del producto puede llegar a incrementar el coste base hasta un 21%.
Asimismo, los dispositivos tecnológicos como smartphones, ordenadores y tablets, entre otros, también pagan una serie de impuestos dirigidos especialmente a la tecnología.
A continuación te detallo cuáles son los principales impuestos que pagas en España cada vez que compras un producto electrónico nuevo.
Canon digital
En vigor desde el 2008, el canon digital es el principal impuesto específico que grava la compra de productos tecnológicos, con el objetivo de compensar los efectos de la piratería a los autores de cine, música y editores de periódicos.
Tienen que pagar el canon digital todos los dispositivos con almacenamiento interno, por lo que se incluyen tanto los móviles, tablets y ordenadores como las memorias USB y las unidades de almacenamiento USB o discos duros. Y también se añaden las impresoras.
Tras un periodo en el que se retiró, el canon digital lleva en vigor de nuevo desde el 2017. En el 2023 se establecieron las tasas que deben pagar actualmente los sobrecostes para los principales productos, a los que se añade una tasa que se suma al precio final que paga el consumidor:
- Smartphone: 3,25 euros.
- Tableta: 3,75 euros.
- Reloj inteligente: 2,50 euros.
- Ordenador: 5,32 euros.
- Impresora: 4 euros.
Canon ECORAEE o ecotasa
Aunque es mucho menos conocido, hay otro impuesto para los dispositivos comprados en España, en esta ocasión dirigido a costear el reciclaje y la gestión de los contaminantes residuos electrónicos: es la conocida como ecotasa o canon ECORAEE.
Esta tasa, creada en 2005, añadía un «coste extra» que debía pagar el consumidor final que se añadía a la factura del producto, aunque no se especificaba la cantidad. No obstante, en el 2015 esta ley fue derogada y desde entonces los costes derivados del reciclaje los pagan directamente los fabricantes de los productos.
IVA o equivalentes
En España se paga el impuesto sobre el valor añadido o IVA sobre todas las compras y la tecnología no es una excepción.
Al coste de un móvil, PC o similar hay que añadirle un 21% adicional, la tasa de IVA general, que es a la que están sujetos los dispositivos electrónicos de todo tipo. Este importe debe estar incluido en el precio que el cliente ve desde el primer momento y no aparecer en el último momento cuando se hace una compra.
El importe del IVA solo puede deducirse en los casos en que un dispositivo electrónico comprado se declara como gasto de empresa.
Si estás en una región de España donde no se aplica el IVA sino una de sus variantes, este pasa a ser el impuesto correspondiente: en Canarias se usa el IGIC, del 7%; en Ceuta y Melilla está el IPSI, del 10%.
Tasa de importación
Si piensas que el problema de los impuestos se puede evitar simplemente comprando los productos en otro país e importándolo, debes tener en cuenta las tasas de aduanas existentes en muchos países del mundo.
La tasa de impuestos de importación de España sobre teléfonos procedentes de China es del 0%. Los ordenadores también tienen el 0% de arancel si proceden del gigante asiático, donde en la actualidad se fabrican la inmensa mayoría de los dispositivos tecnológicos de todas las marcas, chinas o no.
Eso sí, si te decides a importar desde China tienes que tener en cuenta que puede que al pasar por aduana te hagan pagar un 21% de su precio en concepto de IVA. Es el truco de comprar móviles baratos en China: no pagas impuestos y por eso son tan económicos, pero tampoco tendrá soporte ni estará cubierto por la garantía de dos años obligatoria en nuestro país.